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Como si una profecía con prisa, el mismo día en que se lee en El País de la venta de Alfaguara, Taurus, Aguilar, Suma de letras, Punto de lectura, Altea, Fontanar y Objetiva a Penguin Random House, justo detrás se imprime noticia de la CEOE clamando contra la reciente reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que obliga a los agregadores de noticias en internet a pagar por la información elaborada y financiada por los medios de comunicación a los que se roba. Las objeciones de la patronal incluyen la amenaza de “disuadir a los emprendedores de crear nuevos negocios en Internet, frenando el desarrollo de nuevos modelos de negocio digitales”. De existir un Greenpeace de la propiedad intelectual, no daría abasto a denunciar la pesca de arrastre con que se esquilma desde un barco pirata inmenso –la permisividad del gobierno- que esconde lanchas –las operadoras de telefonía- donde a su vez embarcan submarinistas –las asociaciones de usuarios de Internet. Desglosado el acto de robar en tantos cómplices como hay, que quien debiera defender a las empresas obviamente saqueadas –los medios de comunicación- se ponga de parte del corsario se explica en ese acto clásico de la piratería naval –navegar bajo una bandera distinta de la que realmente cuenta lo que eres. Y qué sino el botín de los derechos robados justifica la existencia de una patronal que aglutine a quienes ya, a título individual, viven de tomar por asalto el derecho de un trabajador a un sueldo digno. De la misma forma que un presidente de un Tribunal Constitucional debiera inhibirse de casi toda toma de decisiones por el mero hecho de ser socio de un partido político, nada que incluya el término “derechos” debiera estar al alcance de los comunicados de la CEOE. La venta de las editoriales del grupo Santillana es otro galeón que cede sus tesoros, pero al menos, es su dueño el que decide robarse a sí mismo semejante Potosí. En ambos casos, uno es más pobre hoy. Y Santillana, dos veces pobre.