el que no vote

Coinciden en la mesa el número 120 de la revista de Amnistía Internacional y La Vanguardia de hace dos domingos. La primera imprime noticia de sendas sentencias de la Corte Suprema estadounidense: una que anula un artículo de la Ley de defensa del matrimonio de 1996 que obligaba al gobierno federal a negar prestaciones y el reconocimiento y protección de los hijos a las parejas del mismo sexo, y otra que invalida la consulta popular que en 2008 prohibió constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo en California. El periódico exhuma la candidatura probable de rick perry, presidente de Texas –llamarle gobernador sería menospreciarle en ese estado- que muy probablemente concurrirá de nuevo a las primarias de su partido, llegado el día. Históricamente ligados a la posibilidad de secesión si les parece, y empleada ésta como arma ideológica a medida de la política liberada de escrúpulos, la secesión de un estado dentro de un país parece en Texas realmente más un destino que una posibilidad, independizada la estupidez pura que orgullosamente parece representar perry de los requisitos que debiera exigírsele a alguien que ostenta semejantes responsabilidades ejecutivas. Y que permite afirmar, en la misma línea que oferta impuestos más bajos que en otros estados, la desregulación laboral y ambiental que parece necesitar el país una vez que el socialismo intervencionista de Obama devuelva el país a sus ciudadanos. Esto, que suena –porque lo es- a idiotez enésima del peor populismo que escoge ignorar que justo la desregulación financiera se ha llevado por delante millones de empleos en esta crisis, es lo que, desde hace siete años –seis de gobierno de Obama y uno más de campaña previa- pregonan los gobernadores del partido republicano allí donde les dejan, y a estas alturas, lo que millones de desdichados votantes tienen por verdad obvia. “Texas y Misisipi lidera la nación en porcentaje de trabajadores que ingresan un salario por hora igual o por debajo del salario mínimo” –cita Marc Bassets en La vanguardia 3.11. También la traducción de perry de este concepto –“para que América sea más fuerte, los estados deben ser libres para innovar, aportar nuevas ideas sobre políticas fiscales y sobre la regulación”. Ni siquiera imaginar a la Corte Suprema tardando menos de esos 5 o 17 años en anular las tropelías que miserables como perry insertan en la sociedad es un consuelo. Qué más intervencionista que un juez que ni siquiera vive en este estado.