En apenas dos días -12 y 13.1- publica El País el intento enésimo de Berlusconi –acusado ya de soborno a un abogado (ya condenado) para testificar a su favor y de fraude fiscal en la compraventa de derechos de televisión- por obtener del parlamento una ley que recorta la duración de los procesos –que seis años después de ocurrir libraría al acusado de todo cargo, de no haberse llegado a un dictamen- y, anexa, la propuesta de reimplantar la inmunidad parlamentaria, abolida a principios de los noventa.
Justo debajo –sí, se puede- se trata la reciente resolución judicial que desestima los cargos de enriquecimiento ilícito presentados en Argentina contra el matrimonio Kirchner y que alienta así la sospecha –compartida por muchos, escribe Andrés Oppenheimer- de que los cargos de corrupción fueron impulsados por los propios Kirchner para aprovechar su influencia política mientras están en el poder para ser sobreseídos, y lograr que las denuncias pasen a ser cosa juzgada.
No muy lejos, el veredicto de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala concluye que el abogado Rodrigo Rosemberg ordenó, emboscado, su propio asesinato, en holocausto para, imputando falsamente por ello al presidente Guatemalteco –Alvaro Colom-, hacer pagar en causa falsa un crimen anterior –el asesinato de allegados suyos que creía obedecía a órdenes, éstas sí, de Colom.
Un continente a la derecha, una Comisión de expertos independientes anuncia que el asesinato en 1994 del presidente ruandés –Juvenal Habyarimana- fue llevada a cabo por sus propios hombres, militares hutus como él, descontentos con el proceso de paz que aquel llevaba a cabo con la guerrilla tutsi, que hubiera supuesto la constitución de un Gobierno de unidad nacional y la incorporación del Tutsi Frente Patriótico de Ruanda (RPF) al ejército. En apenas 100 días morirían asesinados unos 800.000 tutsis y hutus moderados.
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