y sin embargo es un sistema honrado

Uno de los parapetos más insospechados tras los que eta refugió durante décadas su andadura criminal fue que, ganándose la legitimidad ideológica reventando cuerpos, nadie pudiera anteponer a eso tan obvia prueba de su catadura real como es la extorsión a que sometiera a cuantos se cruzaran en su camino. No pedir dinero sino exigirlo tiene que ver con la fiscalidad de un territorio. Solo que, gestionado en la normalidad, la pena por no pagar es… pagar más. Mientras que, gestionado por asesinos, la pena por no pagar es que te maten. Cambiar “chantaje” por el más legalizado “impuesto” no es, por supuesto, menos previsible que quitar del sintagma “criminal” por su mejor tapadera “revolucionario”. Solo que el fin de los asesinatos no ha traído la extinción de sus métodos paralelos. Los cuerpos de los caídos son hoy los de la economía en todos sus eslabones. Y por eso, el término “extorsión” merece quedarse a vivir en las páginas de los periódicos, aunque quienes la empuñan usen hoy, en vez de balas, apellidos reales o investiduras presidenciales. Si alguien, como declara el expresidente de un club de fútbol, “se sintió obligado a aportar 30.000 euros” a la empresa del yerno de un rey, eso es extorsión. Como no por pactado con multinacionales previo al escándalo, deja de serlo cobrar de ellas 200.000 euros anuales por asesorar a sus directivos y al consejo. Otra cosa es, por supuesto, la coherencia que une la mera idea de monarquía como una extorsión al concepto de democracia con que uno de sus miembros, aunque sea alquilado, haga uso de ese derecho para estafar en nombre de la corrupción pactada.  

El propio concepto de extorsión es, de tan extendida, casi un territorio. De ese valor geográfico y su moneda -el ciudadano- habla el expresidente de una comunidad mientras es juzgado por los hilos sueltos de una operación gigantesca de fraude y chantaje a las arcas públicas. Y hay que imaginar el esfuerzo de sus abogados para forzarle a callar en los juzgados lo que tanto clamara fuera de ellos al ser acusado –que lo que los votos legitiman no puede ser vulnerado por la justicia, que el apoyo popular está por encima de lo que el uso fraudulento del poder permite. Y tiene razón, por supuesto. Pues toda la lógica de una campaña electoral descansa en esa otra modalidad de extorsión que es comprar voluntades con simploides chucherías de mitin mientras se roba la exposición y debate de la realidad política, social, económica, cultural o demográfica. Cómo diferenciar los conceptos falsos o inexistentes con que el expresidente y el yerno real alumbraran su camino delictivo hasta aquí de los que se venden en política como máscaras zafias de ideas más graves, menos publicables.

La extorsión de uno y la corrupción rampante del otro se hermanan en este punto: mientras la descripción de las pruebas obvias del delito llena los periódicos, solo su obscena visibilidad impide a los extorsionados seguir tan anchamente satisfechos. El expresidente autonómico saldría reelegido por cuarta vez mañana mismo, y las empresas que se dejaran extorsionar por el yerno real a cambio precisamente de lo que esperaran obtener de su poder de extorsionar a otros seguirían jugando a esa noria si la exposición de ese esqueleto no salpicara a todos. ¿Por qué habrían de pensar de otro modo? El más afinado logro de la extorsión política y financiera ha sido hacer irrelevantes las conexiones entre el delito y quienes lo perpetran. La comunidad autónoma del expresidente viene de no vender 1.058 de los 1.800 millones en bonos públicos ofertados, acaba de dejar impagada la cuota mensual a la Seguridad Social, y el estado acaba de cubrir un crédito impagado de esa comunidad por 123 millones de euros. El expresidente de la entidad pública que gestionara la depuradora de esa comunidad (liquidada con un agujero de 17 millones) afronta un juicio por fraude en el pago del iva (2.5 millones en 4 años) y el ingreso desde Suiza de 360.000 euros. Con casi un 20% de su PIB por encima de lo que ingresa, es la comunidad más endeudada de España. Su banca regional, especuladora perfecta de la ruina inmobiliaria, fue rescatada por el Banco de España hace un mes.

Todo casualidades sin nexo. A quién se le ocurriría pensar que el precio político por aceptar unos trajes como regalo encubra una razón que valga más que la vanidad valorada en 8.000 euros. Cómo pensar que bajo ese traje bobo prosperó una trama de extorsión a las mismas arcas públicas, hoy desfondadas, nítidamente planificada y bendecida a nivel nacional para robar lo necesario para financiar reelecciones que garantizaran seguir robando y perpetuando el ciclo, bendecido cada 4 años ante la indiferencia general. Cómo dudar que, efectivamente, el juicio al expresidente de una comunidad autónoma arruinada y cuya deuda pública roza el bono basura lo es por cohecho impropio –recibir dádivas en su condición de autoridad- y no, aunque se juzgue en otra sala, por cohecho propio –recibirlas en contraprestación de adjudicaciones o contratos.

Adjudicar a dedo 8 millones de euros o derivar con el mismo dedo a tu cuenta 5,8 millones desde una entidad sin ánimo de lucro son, como cualquiera del entorno del expresidente clama estos días, o como han de pensar quienes pagaran a la empresa del yerno real, menos que corrupción reseñable y solo ligeramente más que lo normal en estos casos. Por eso la demanda de decencia del primero se funda en que con la dimisión debiera bastar, y por la mente del segundo no puede pasar otra cosa que su perplejidad por la calidad final de la inmunidad que se le otorgó con el apellido de su esposa. También la extorsión a la normalidad cuenta tanto como la que se aplica a los testigos –“sácame de esta, que cuando pase esto hablaré con tu jefe y no te va a faltar de nada”- y en ello, el que ninguna de las empresas saqueadas por una fundación sin ánimo de lucro vaya a interponer la más mínima denuncia contra el yerno real. Pues cómo denunciar un tipo fallido de extorsión cuando uno no tan distinto otorga a los consejeros, miembros de la alta dirección y consejeros ejecutivos ingresos de 33 a 132 veces superiores a las de los trabajadores menos remunerados de esas mismas compañías.

Se lee al exconcejal que destapó la trama de financiación ilegal decir que el cabecilla de la trama era la “séptima u octava persona con más poder en el pp”. Cómo “había visto dar instrucciones para endosar a una consejería de la Comunidad de Madrid el pago de un acto del pp”. “Dos contables en Londres –escribe Andreu Manresa en El País 8.12.11 fabulando la operativa de desvío de fondos del instituto sin ánimo de lucro-, uno frente al otro, generando facturas y cruzándoselas hasta cerrar una contabilidad a la carta, siempre a favor de los clientes, de los intereses de opacidad y bajísima tributación fiscal”. El desvío de fondos, que fuera excavado en túneles de extorsión elegante y sobornos de voluntades confeccionados a medida, aflora así como una línea recta que a la luz del día es, de tan transitada, una autopista, en la que, por carriles paralelos, viaja nuestra forma de hacer política y el dinero que paga su desplazamiento.