hecha la ley. 2 y 3

Como en un palimpsesto en el que la letra nueva fuera más ruin que la anterior, las elecciones afganas traen –El País 15.8- noticia de las concesiones que el calendario electoral escribe sobre los derechos humanos de la mitad de su población en aquellas áreas donde el apoyo electoral al candidato Karzai exige negociar con canallas, y así se lee de las concesiones a los hazaras, todas ellas con las mujeres como rehén: prohibición de salir de su casa sin el permiso de su marido, obligación de satisfacerlos sexualmente cuando ellos lo deseen, permiso para castigarlas sin alimentos si se niegan, condicionado del trabajo femenino al permiso del marido, y custodia de los hijos casi garantizada para él en casi todos los supuestos.

Dos páginas más lejos –y doscientos años marcha atrás- noticia de la ley orgánica de educación aprobada en venezuela, de la que la diputada maría de queipo dice protegerá a la sociedad de “sectores mercantilistas de la educación, aquellos vinculados a golpes de Estados y hechos de desestabilización”. La ley permite al gobierno restringir la enseñanza de algunas carreras universitarias que por su naturaleza, alcance, impacto social e interés nacional así lo requieran. “Otorga a la figura de los consejos comunales -organizaciones comunitarias creadas y financiadas por el Gobierno- la condición de "agentes de la educación", con el "rol pedagógico liberador para la formación de una nueva ciudadanía y [la] construcción de sujetos sociales de transformación". Igualmente "se prohíbe la publicación y divulgación de impresos y otras formas de comunicación social que produzcan terror en los niños, inciten al odio, a la agresividad, la indisciplina, deformen el lenguaje y atenten contra los sanos valores del pueblo venezolano, la moral y las buenas costumbres, la salud mental y física de la población”. No es tonto Chávez –se lee a veces- todo lo contrario. Acaso sea de esas inteligencias que no necesitan ir al colegio, como tampoco a una democracia con normas. Y acaso también, a quien le sobran tan manifiestamente los colegios, acaba sobrando de los electorales. Otra opción sería tomar ese “derecho a diseñar, administrar y supervisar la política de formación permanente de todos los ciudadanos” y, aplicada a quienes la redactan y apoyan, emplearla para forzarles a regresar al colegio. Del que tan notoriamente salieron antes de tiempo.